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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

JOSÉ ROMÁN – 07/07/2021
En la Resolución 712/2021 de 17 de junio del TACRC analiza la aplicación del artículo 100 LCSP en los supuestos de contratos mixtos con prestaciones de suministros y obras de instalación.
A los efectos previstos en el artículo 100 LCSP, en el expediente y en el pliego deben desglosarse los importes relativos a las distintas prestaciones que integran el contrato mixto (suministros y obras de instalaciones) cuya suma, junto al IVA correspondiente, determinará el presupuesto base de licitación.
JOSÉ ROMÁN – 05/07/2021
El desempate mediante la aplicación del criterio del artículo 147.2b) LCSP debe hacerse valorando el número medio de trabajadores temporales en los últimos doce meses a contar desde el momento de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
La Resolución 708/2021 de 17 de junio del TACRC reitera su doctrina respecto de la aplicación del CRITERIO DE DESEMPATE previsto en el artículo 147.2b) LCSP en función del menor porcentaje de contratos temporales de la plantilla.
JOSÉ ROMÁN
El acto que efectúa la propuesta de adjudicación, no contiene una decisión de admisión o exclusión de licitadores, y no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto, por lo que este acto, por sÍ solo, en cuanto acto de trámite, no es susceptible de impugnación, sin perjuicio de lo que pudiera alegarse frente a la adjudicación del contrato, si el órgano de contratación adjudica definitivamente el mismo.
La Resolución 669/2021 de 4 de junio del TACRC, se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del acto en virtud del cual se efectúa la PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
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El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, en ayudas que serán gestionadas a través de las comunidades y ciudades autónomas. Se trata de las primeras líneas a gran escala a nivel estatal dirigidas específicamente a autoconsumo y almacenamiento. Se podrá subvencionar la inversión en equipos y materiales; la obra civil; los equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; los sistemas de gestión y monitorización, la redacción de proyectos, memorias técnicas y dirección facultativa, entre otras actuaciones.
REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Los jueces que conforman el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla han acordado que la plena exoneración de deudas no puede excluir el crédito público. De esta forma las deudas con Seguridad Social y Hacienda también pueden ser canceladas dentro de un concurso de acreedores o de un procedimiento de segunda oportunidad, aspecto éste no autorizado en el actual Texto Refundido de la Ley Concursal, la normativa vigente hoy en España en materia de Derecho Concursal
ACUERDO N° 8/2021 DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA, acuerda que la exoneración de deuda en los concursos de acreedores incluya el crédito público al ser aplicable la Directiva de la Unión Europa.
JOSÉ ROMÁN
Son discriminatorias las condiciones de arraigo territorial cuando se configuran como requisitos de solvencia o como criterios de adjudicación. Son admisibles como compromiso de adscripción de medios o como condición de ejecución del contrato.
Sobre el controvertido tema del ARRAIGO TERRITORIAL se ha pronunciado el TACRC en este año 2021 en dos ocasiones ( Resoluciones 184/2021 y 518/2021) y ha dejado clara su doctrina.
JOSÉ ROMÁN
Si la recurrente fuese excluida del procedimiento de contratación y consintió dicha exclusión, aquella decisión devino firme y consentida, convirtiéndose por tanto en un tercero ajeno a dicho procedimiento, por lo que carece de legitimación ad causan para impugnar el resultado del mismo.
La Resolución 227/2021 de 10 de junio del TARCJA, haciéndose eco de la doctrina del TS, aborda el concepto de INTERÉS LEGÍTIMO como presupuesto de la interposición del recurso especial en materia de contratación.